El grupo socialista de la Diputación de Cádiz ha exigido al presidente de la Corporación, José Loaiza, el cese inmediato del máximo responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Fernando García, como consecuencia de «su incapacidad de gestión y la innecesaria tensión generada entre los trabajadores, tras sus contradictorias manifestaciones en torno a la reducción de plantilla en la referida entidad». Fernando García es a su vez concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bornos, en la oposición.
En un comunicado difundido el 19 de julio de 2012, el PSOE expresó: «El portavoz del Grupo Socialista de Diputación, José María Román, ha asegurado que “a lo largo del período en el que viene asumiendo esa responsabilidad, el presidente del Consorcio ha dado muestras evidentes de esa manifiesta incapacidad para llevarlo adelante, porque ha quedado más que patente que no sabe o no puede gestionarlo”. A título de ejemplo, Román se ha referido al “consentimiento de situaciones extremadamente graves, frente a las que no ha actuado con la debida diligencia”, entre las que ha destacado una “preocupante relajación en lo relativo a la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones económicas al Ayuntamiento de Jerez, que llegó a acumular una deuda de casi 8 millones de euros como consecuencia de año y medio de impago de la cuota; una cantidad que ha podido poner en serio riesgo el equilibrio financiero del Consorcio, dado su presupuesto total de 36 millones y el recorte adicional de dos millones en la aportación de la Diputación establecido en los Presupuestos para 2012”.
Román ha recordado la “extrema gravedad” de las denuncias sindicales ante la Fiscalía, como consecuencia de la negativa del presidente del Consorcio a cubrir las vacaciones de verano del personal así como del supuesto incumplimiento, por parte de la dirección del mismo, de la exigencia de pago a los municipios consorciados. A tenor de los escritos presentados por los representantes de los trabajadores ante la Fiscalía, este útimo punto “pudiera ser constitutivo del tipo penal de prevaricación”; mientras, el no disponer de las plantillas adecuadas para cumplir las obligaciones encomendadas al Consorcio “pudiera ser constitutivo de un delito de riesgo”.
Paralelamente, en lo que respecta a la gestión del personal, “la trayectoria del presidente del Consorcio no puede ser más negativa, ya que en las últimas semanas ha generado una enorme inquietud, aún no resuelta, por sus contradictorias manifestaciones en torno a una posible reducción de puestos de trabajo que podría afectar hasta a 110 empleos para una plantilla de 571 trabajadores”. A juicio del portavoz socialista, esa situación “ha tensionado innecesariamente las relaciones laborales en el seno del Consorcio y ha provocado una enorme inquitud en un colectivo que, por la propia naturaleza de su trabajo, precisa de unas mínimas condiciones de estabilidad laboral y emocional para el desarrollo de su actividad”.
Por todo ello, José María Román ha incidido en la exigencia del cese del presidente del Consorcio de Bomberos. Y ha destacado que, “ya que la gran obsesión del Gobierno provincial parece ser la austeridad, su cese se traduciría en un importante ahorro para la Diputación tanto de manera inmediata como a medio plazo, ya que el día a día de la entidad podría pasar a ser asumido por uno de los 16 diputados liberados del Partido Popular. El Gobierno del PP no se cansa de decir que hay que ajustarse a la nueva situación económica, y ahora tienen una magnífica oportunidad para pregonar con el ejemplo”. Finalmente, el portavoz socialista ha señalado que somos conscientes de que anteriormente la presidencia del Consorcio no ha sido ocupada por un diputado provincial; pero hoy la situación no es la misma que se vivía hace apenas unos meses. La crisis económica está obligando a las Administraciones a recortar gastos y éste es uno que puede eliminarse fácilmente, con lo que además se evitaría tener que tomar otras medidas traumáticas en otros capítulos de mayor repercusión social».