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El delegado comarcal del partido Unión Progreso y Democracia, Ezequiel Hinojo, difundió el 4 de marzo de 2014 el siguiente comunicado: «El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el delegado comarcal de UPyD en la Sierra de Cádiz, Ezequiel Hinojo, contra el Ayuntamiento de Prado del Rey y su alcalde por no solo no permitirle grabar la sesión plenaria del pasado 25 de noviembre de 2013, sino también por ser expulsado del pleno municipal mediante el uso de dos agentes de la Policía Local. Ezequiel Hinojo manifiesta que aunque el equipo de gobierno de este Ayuntamiento se haya retractado y permita ahora grabar los plenos así como emitirlos por la radio e internet, como el propio delegado de UPyD les recomendó, todavía quedan dos pasos más para la absolución del error cometido por el alcalde, el paso de pedir perdón por la violación flagrante de derechos fundamentales recogidos en la Constitución española y la depuración de responsabilidades. Según el delegado, el sr. alcalde cometió una ilegalidad al expulsar del pleno mediante la policía a un ciudadano por grabarlo, y todos aquellos que cometen ilegalidades tienen que ser mínimamente juzgados; con ello, Ezequiel Hinojo no descarta acudir a instancias judiciales superiores tras la sentencia final del Defensor del Pueblo».
El comunicado finaliza: «Ezequiel Hinojo agradece la labor de plataformas como DEFENSA CIUDADANA ACTIVA y GRABA TU PLENO, sin cuyo asesoramiento no hubiese sido posible este avance en la Regeneración Democrática de Prado del Rey».
Céntimo sanitario
Por otra parte, el mismo 4 de marzo de 2014, el delegado comarcal de UPyD difundió otro comunicado: «Desde la Delegación Comarcal de Unión Progreso y Democracia para la Sierra de Cádiz instamos a las instituciones locales y comarcales, ayuntamientos y Mancomunidad, que soliciten la devolución del céntimo sanitario y que inviertan este dinero en políticas destinadas a la conservación y puesta en valor del medio ambiente.
Recordamos que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos vulnera la legislación comunitaria, por lo tanto es considerable que las instituciones públicas que pudiesen haberse visto afectadas por este impuesto declarado ilegal soliciten por la vía que consideren oportunas la devolución de este impuesto. Al tratarse de instituciones públicas es lógico pensar que han guardado las facturas y por lo tanto teniendo estas en la mano podrán reclamar la devolución de la mayor parte del dinero.
Pedimos a los Ayuntamientos y Mancomunidad que el dinero que recuperen sea destinado a políticas de medio ambiente destinadas a la conservación y puesta en valor del patrimonio natural, que recordamos, muy importante para la Sierra de Cádiz».