El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 27 de diciembre de 2013 la declaración de «la fosa de las mujeres» de Grazalema y el Valle de la Sauceda (en los términos de Jimena y Cortes) como Lugares de Memoria Histórica, dentro de un catálogo integrado por 34 espacios de las ocho provincias andaluzas. Esta figura jurídica corresponde a lo previsto en un decreto autonómico de agosto de 2011 cuyo objetivo es «recordar los principales emplazamientos de la represión franquista y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura». Con ellos son ya 50 los espacios de este tipo reconocidos en la comunidad autónoma. Con anterioridad ya había sido declarado lugar de memoria histórica la fosa común de la finca del Marrufo, en el término de Jerez de la Frontera.
La Junta de Andalucía informó: «Los nuevos enclaves declarados son los refugios antiaéreos de Almería; los muros de Puerta de Tierra en la ciudad de Cádiz, el Penal de El Puerto de Santa María, la ‘Fosa de las Mujeres’ de Grazalema y el Valle de la Sauceda de Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz; las fosas comunes de los cementerios de la Guijarrosa y Santaella, la ruta guerrillera de Los Jubiles en Montoro, el Barranco de la Huesa y la zona de la Batalla de Valsequillo, en la provincia de Córdoba; el Barranco de El Carrizal de Órgiva, la desembocadura del río Guadalfeo en Salobreña, las estructuras defensivas del ‘Cerco de Granada’ y la puerta de la Prisión Provincial, en Granada; la cárcel provincial onubense, las fosas comunes de La Palma del Condado y del cementerio viejo de Almonte, la Isla de Saltés, el Membrillo Bajo en Zalamea la Real y el muro del Parque Moret de la capital, en Huelva; las fosas comunes de los cementerios de Andújar, Martos, Linares y Úbeda, en Jaén; la prisión provincial y la cárcel de mujeres de Málaga, el cementerio de Ronda, las fosas de Istán, Villanueva del Cauche y Teba, en la provincia de Málaga, y La Pañoleta de Camas, el Canal de los Presos, el Parque de los Luchadores por la Libertad de Fuentes de Andalucía y la fosa del cementerio de La Puebla de Cazalla, en Sevilla.
De acuerdo con el decreto regulador de esta figura, la consideración de un emplazamiento como Lugar de Memoria Histórica obliga a la Administración pública titular a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio. Cuando la propiedad es privada, la Junta fomenta la firma de acuerdos con las personas y entidades titulares.
Los Lugares de Memoria Histórica se inscriben en un catálogo específico de carácter público que contiene la documentación de cada emplazamiento y la adicional que se pueda generar y sea de utilidad para estudios e investigaciones.
La declaración, que corresponde al Consejo de Gobierno, conlleva un informe exhaustivo con documentación sobre el lugar, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas.
Grupo de expertos
El inicio del procedimiento es competencia de la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. El proceso se prolonga durante seis meses y cuenta con el apoyo de un grupo de seis expertos, coordinados por la persona titular de la citada dirección general. Tres de ellos representan a las asociaciones y colectivos memorialistas de la comunidad autónoma y los otros tres al Consejo Andaluz de Universidades.
Los 34 Lugares de Memoria Histórica declarados hoy forman parte de un conjunto de 61 propuestas realizadas por ayuntamientos, diputaciones provinciales y asociaciones. Las 27 restantes continúan en fase de estudio.
Estos nuevos enclaves se suman a los 16 ya declarados en Andalucía: el monumento a los asesinados en el Campo de Concentración de Mauthausen y la antigua cárcel del Ingenio, en Almería; el Castillo de San Sebastián, en Cádiz; la fosa común del Cortijo El Marrufo, en Jerez de la Frontera (Cádiz); los Muros de la Memoria en los cementerios de la Salud y de San Rafael, en Córdoba; las tapias del cementerio de Granada y la carretera entre los municipios granadinos de Víznar y Alfacar; la fosa común del cementerio de Nerva (Huelva); el refugio antiaéreo de Jaén y los vestigios de la Batalla de Lopera en este municipio jiennense; la carretera Málaga-Almería y el cementerio de San Rafael de Málaga, y las antiguas cárcel de la Ranilla y Comisaría de Investigación y Vigilancia de la calle Jesús del Gran Poder, en Sevilla, así como la Casa de Blas Infante en Coria del Río y el lugar de su fusilamiento en el kilómetro 4 de la antigua Carretera de Carmona, en el término municipal hispalense.
El Gobierno andaluz subraya la importancia de acuerdos como el adoptado hoy para hacer justicia a las víctimas de la represión franquista y reforzar los pilares de la democracia en un momento como el actual. En este sentido, el Ejecutivo recuerda que Andalucía es casi la única comunidad autónoma que mantiene políticas dirigidas a este fin, frente al desmantelamiento presupuestario de las mismas por el Gobierno de España, criticado por la Naciones Unidas.
El Consejo de Gobierno destaca que esta políticas son fundamentales para no cometer errores en el futuro, consolidar las libertades y honrar la memoria de quienes defendieron la democracia contra regímenes totalitarios. Actualmente, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales está finalizando los trabajos de elaboración del proyecto de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que permitirá consolidar y reforzar las medidas de la Junta en este campo».