La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ubrique ha finalizado la instrucción de la llamada Operación Pinsapar, que «destapó una trama de corrupción urbanística en la localidad de Grazalema». Esta causa tiene su origen en las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción por «el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de Grazalema para permitir construir un bloque de viviendas». Según Ecologistas en Acción, «este edificio inició su construcción con licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en agosto de 2005, siendo alcaldesa Mª José Lara. Un bloque anterior colindante de la misma promotora, también ilegal, contó con licencia de su antecesor y tío Antonio Mateos. Cuando se presentaron las primeras denuncias, la alcaldesa no solo no paralizó las obras, sino que defendió su legalidad aunque, debido a la repercusión mediática que tuvo, se vio obligada a paralizar las obras en octubre de ese año. Todo esto sucedía en uno de los parques naturales más emblemáticos de Andalucía».
En un comunicado difundido el 13 de noviembre de 2013, el colectivo Ecologistas en Acción señaló: «En el Auto firmado por la juez se considera acreditado que el entonces arquitecto municipal Juan Prieto cobraba comisiones de constructores para permitir aumentos de edificabilidad por encima de lo permitido. En concreto cobró 36.000 euros de los constructores Cristóbal Barrera y Daniel David Salguero para que permitiera la construcción de un edificio en la Plaza La Asamblea ocupando parte del dominio público del río Guadalete y construyendo 4 viviendas más de las permitidas. Además, este constructor realizó de forma “gratuita” la reconstrucción de una vivienda en la finca de la esposa de Juan Prieto. También ha quedado acreditado que Juan Prieto cobraba otras comisiones por obras realizadas en este municipio y cuyos proyectos se realizaban en su estudio privado de Ubrique, que compartía con el arquitecto Sebastián Canto Bohórquez, haciendo la vista gorda por las infracciones que en que incurrían. También están imputados Raúl Gascón, administrador de la empresa promotora INMOCENTRAL, su socio Rafael Torres Sánchez, y el ex alcalde de Grazalema Antonio Mateos. La juez concluye que los imputados serían responsables de los siguientes delitos:
· Juan Prieto: cohecho, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
· Sebastián Canto: cohecho.
· Raúl Gascón, Rafael Torres, Cristóbal Barrera y Daniel David Salguero: cohecho y contra la ordenación del territorio.
· Antonio Mateos: prevaricación, porque “conocía las irregularidades cometidas pero no hizo nada para impedirlas”.
Ecologistas en Acción muestra públicamente su satisfacción porque esta fase de instrucción llegue a su fin después de siete largos años, habiendo pasado el caso por varios jueces y fiscales. No obstante, lamentamos que la lentitud de la justicia cree una sensación de impunidad, pues cuando se juzga a los responsables políticos en casos de corrupción suelen estar ya alejados de la actividad pública, y las inhabilitaciones con las que suelen condenar los tribunales estos delitos no causan perjuicio alguno a los corruptos.
Ecologista en Acción entiende que por acción u omisión existe una clara responsabilidad política de Antonio Mateos y de Mª José Lara por haber permitido esta trama de corrupción con pleno conocimiento de causa. Hay que recordar que desde el año 2000 Ecologistas en Acción estuvo interponiendo numerosas denuncias por ilegalidades urbanísticas ante el Ayuntamiento de Grazalema, denuncias que de forma sistemática eran ignoradas por los responsables municipales: Antonio Mateos y Mª José Lara. Para colmo, estas denuncias han desaparecido de los archivos municipales. También habría que recordar el PSOE en vez de exigir responsabilidades políticas por este grave caso de corrupción, lo que hizo fue amparar tanto a la actual alcaldesa como a su antecesor en el cargo, y les facilitó -vía Diputación provincial- defensa legal gratuita.
El edificio y las obras de desvío del río Guadalete fueron declaradas ilegales por sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Jerez de octubre de 2006, que falló anulando “la licencia de construcción otorgada por Decreto de la Alcaldía de Grazalema de 24 de agosto de 2005”. Por tanto la totalidad del edificio, que se encuentra a medio construir, carece de licencia de obras y debe procederse a su demolición, cosa que no se ha hecho hasta la fecha. Tampoco se ha restaurado el río a su estado original como es obligación legal, a pesar de haberse ordenado por la Junta de Andalucía, que tampoco ha hecho nada para que se ejecute esta restauración y que ni siquiera se ha personado en esta causa».
