El Ayuntamiento de Grazalema ha comunicado a Mª Nieves Moreno -esposa del que fuera técnico municipal Juan Prieto, imputado en la operación «Pinsapo»- que procederá subsidiariamente a demoler la vivienda que construyó ilegalmente en la Ribera del Gaidóvar -en este término y en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema-, ante la negativa de ésta a hacerlo, pese a la sentencia judicial que así lo ordena, según informó el colectivo Ecologistas en Acción en un comunicado difundido el 2 de mayo de 2013.
El comunicado de los ecologistas añade: «Cuando en 2004 se inició la construcción de esta vivienda ilegal fue denunciada por Ecologistas en Acción, pero el anterior alcalde Antonio Mateos y su equipo de gobierno -cuya portavoz era la actual alcaldesa Mª José Lara- apoyaron totalmente a Prieto. Más aún, cuando presentamos denuncia contra este técnico por presunta falsedad documental -elaboraba informes para favorecer construcciones que incumplían las normas urbanísticas-, Mateos nos amenazó, tomando represalias contra familiares de los representantes ecologistas en el parque natural. El tema es más rocambolesco aún si se tiene en cuenta que fue el mismo Prieto quien tramitó e informó favorablemente el proyecto de esta vivienda ilegal promovida por su esposa, incurriendo en una manifiesta incompatibilidad, lo que fue también denunciado por Ecologistas en Acción, dando lugar a nuevas amenazas de Prieto y del alcalde contra los representantes ecologistas. Lo más grave es que todas estas denuncias han desaparecido de los archivos municipales, aunque constan en el registro de entrada del ayuntamiento, por lo que hemos solicitado al Juzgado de Ubrique que las solicite al ayuntamiento -petición que ha sido apoyada por la Fiscalía-, y que sus responsables expliquen las causas de esta desaparición, que ya de por sí puede ser motivo de delito.
Al estallar la Operación Pinsapo -precisamente por otra denuncia de Ecologistas en Acción por el desvío ilegal del río Guadalete a su paso por Grazalema y la constricción en este terreno público de un bloque de pisos-, el constructor de estas viviendas destapó que Prieto había dirigido estas obras ilegales, y a cambio le habían “compensado” con las obras de su nueva casa. Fue entonces cuando la alcaldesa no tuvo más remedio que abrir expediente contra esta construcción ilegal del que fuera su protegido y cómplice en múltiples irregularidades urbanísticas. Al final, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jerez confirmó en septiembre de 2011 la ilegalidad de la vivienda y ordenó su demolición.
Aunque el anterior alcalde y el extécnico municipal están imputados por el Juzgado de Ubrique por sendos delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio, nunca se han asumidos responsabilidades políticas, y el PSOE ha seguido apoyando tanto al anterior alcalde, como a la actual alcaldesa –que antes era la primera Teniente de alcalde-, ambos perfectos conocedores de estos hechos, y que se negaron a actuar cuando se denunciaron, lo que los convierte en encubridores y cómplices de dichas ilegalidades y corruptelas.
Ecologistas en Acción espera que la demolición de esta vivienda ilegal se realice sin más demora, que se restaure la legalidad urbanística y que sirva de aviso a navegantes: que la corrupción no queda impune y que la justicia aunque lenta (a veces desesperantemente lenta) termina por actuar».