El diputado provincial de Bienestar Social, Antonio García (PP), ha recordado al portavoz adjunto del PSOE en la Diputación, Alfonso Moscoso, que «ha sido la Junta de Andalucía la que ha recortado las partidas destinadas al personal de refuerzo de la Ley de Dependencia, y en concreto, la partida destinada al personal administrativo, por lo que es la Junta la que pone en la cola del paro a los administrativos de refuerzo de la Dependencia si no dota económicamente de manera conveniente su competencia». Moscoso había hecho su crítica en una visita que hizo a Torre Alháquime. García ha criticado la «ligereza» con la que Moscoso «se lanza» a criticar al equipo de gobierno de la Diputación por la gestión de la Ley de Dependencia cuando es conocedor, «o debería serlo», de que se trata de una competencia de la Junta.
Igualmente, ha mostrado su extrañeza ante la “facilidad de crítica” de Moscoso, ya que “debería de conocer de primera mano la situación de los trabajadores sociales y los administrativos” porque fueron explicados en el último Pleno ordinario de la Diputación del 23 de enero, donde se aprobó instar a la Junta a ampliar los créditos destinados a la contratación de personal para la Ley de Dependencia.
En este sentido, el diputado provincial de Bienestar Social ha recordado que la Junta ha recortado a nivel regional en diez millones de euros la partida destinada a este concepto, pasando de los 20,3 millones de 2012 a los 10,3 millones de 2013. García ha señalado que en lo concerniente a la Diputación el recorte ha sido igualmente del 50 por ciento para el personal de apoyo a la dependencia.
Asimismo, Antonio García ha remitido al portavoz socialista a que vaya a las hemerotecas y retroceda hasta el pasado 28 de diciembre, cuando la consejera de la Junta de Andalucía anuncia que hay crédito para los trabajadores sociales (aunque de un 50% menos) pero “no considera necesario” a los administrativos.
Por ello, el diputado provincial de Bienestar Social ha afirmado que “hay que estar muy desinformado o tirar de mucha demagogia” para trasladar a otros la responsabilidad de la situación de los trabajadores de apoyo de la Dependencia.
Finalmente, Antonio García ha manifestado que los alcaldes socialistas, con su portavoz adjunto en Diputación a la cabeza, lo que tienen que hacer es pedir a la Junta que pague lo que debe y que se implique más en sus políticas sociales, ya que la Diputación, sin ser una competencia suya, destinó 719.000 euros a la Ley de Dependencia en el ejercicio de 2012.