El alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales (PA), difundió el 9 de noviembre de 2012 el siguiente comunicado: «A raíz del despido por finalización del objeto de contrato de una trabajadora, representante sindical de UGT, dicha trabajadora recurrió a la Inspección de Trabajo por una denuncia de movilidad funcional que fue informada a favor del Ayuntamiento, pero que provocó la puesta en conocimiento ante la Fiscalía de las flagrantes irregularidades de su contrato y de su oferta. La Inspección de Trabajo concluye que el contrato es nulo de pleno derecho y además apunta la posibilidad de que sea constitutivo de delito de prevaricación recogido en el artº 404 y 405 del código penal, reenviando dicho expediente a la Fiscalía para su estudio. Posteriormente la Fiscalía tiene abierta una diligencia de investigación penal (nº 45/2012).
El Ayuntamiento lamenta que el Juzgado de lo Social haya obviado estas circunstancias, fallando la improcedencia de un contrato del que ya se sabe que es nulo de pleno derecho y que además puede ser un delito. Asimismo lamentamos que UGT, intente hacer política con este desagradable caso, cuyo camino es la anulación de un contrato viciado en origen».
