La oficina del Defensor de Pueblo ha comunicado a Ecologistas en Acción que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente no ha respondido al requerimiento que le hizo el titular, José Chamizo, el 17 de mayo de 2012 sobre si aceptaba las propuestas incluidas en la resolución formulada por esa institución en relación con la construcción de unas pistas forestales en el Parque Natural Sierra de Grazalema, según informaron los ecologistas en un comunicado difundido el 31 de julio de 2012. «En la resolución se acusa a la anterior Consejería de Medio Ambiente de no actuar con la debida diligencia, no tramitar denuncias y permitir graves impactos en la construcción de unas pistas forestales junto a la zona de reserva del parque natural. Chamizo daba un mes de plazo al consejero para que respondiera si admitía o no sus propuestas. A fecha de hoy, según nos informa la adjunta de esa institución Paola Vivancos, no ha respondido».
Los ecologistas añaden en su comunicado: «La Resolución aprobada por el Defensor del Pueblo es fruto de una queja formulada por Ecologistas en Acción por la actuación de la Consejería de Medio Ambiente en la construcción de una red de pistas forestales en el mayor latifundio del parque natural, que ha ocasionado unos impactos gravísimos e irreversibles en unos de los bosques y paisajes más valioso del parque, colindante con la zona de reserva del Pinsapar. Ecologistas en Acción remitió a Chamizo un amplio informe en el que se demostraba que la Consejería de Medio Ambiente (CMA) había autorizado estas pistas de forma irregular, sin el preceptivo estudio de impacto ambiental, contraviniendo el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Cuando comenzaron las obras, Ecologistas en Acción denunció estas ilegalidades, pero la delegación de la CMA ni contestó ni tramitó las denuncias, demostrando una grave negligencia y una evidente complicidad con la empresa propietaria de las fincas El Navazo, Breña del Agua y Rancho del Moro, promotora de las obras que han destrozado una parte importante de estos bosques y montes.
Tras investigar los hechos y dar audiencia a la propia CMA, el Defensor del Pueblo concluyó que:
· La CMA no había obrado con la suficiente diligencia, ya que tenía que haber abierto los correspondientes expedientes sancionadores cuando se ejecutaron las actuaciones ilegales, y no cuando estaban ya concluidas. Lo que estima particularmente grave al “existir denuncias de la asociación ecologista y el gran valor ambiental del espacio en el que se han llevado a cabo las actuaciones.
· La CMA no había respondido en plazo legal a las demandas de información y documentación realizada por Ecologistas en Acción. Chamizo le recuerda a la CMA los continuos requerimientos que ya ha realizado a esa administración para que cumpla con los plazos legales para las demandas de información medioambiental.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo conminó a la CMA a que:
· Desarrolle las labores de vigilancia, inspección y control que tiene encomendadas… especialmente en supuestos como el analizado en el que el valor ambiental de la zona afectada resulta ser muy elevado y en el que han mediado denuncias previas, al objeto de evitar la producción de daños al medio ambiente.
· Se atienda con la máxima celeridad los escritos remitidos por los administrados, dando cumplida respuesta a cuentas cuestiones se planteen.
· Tramite con absoluto rigor y celeridad los expedientes sancionadores en curso, adoptando cuantas medidas provisionales y sancionadoras resulten pertinentes.
Esta Resolución corroboró, además, nuestra denuncia de que tanto la delegada de la CMA como el director del parque no dijeron la verdad al asegurar -tanto en la Junta Rectora como al propio Defensor del Pueblo-, que se había cumplido con todas las normas legales y que se había contestado y actuado correctamente ante las denuncias de los ecologistas.
Ecologistas en Acción entiende que es inadmisible este desprecio de los/as responsables de esa Consejería a una Institución que es un Comisionado del Parlamento de Andalucía para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Esta actitud no nos sorprende si se tiene en cuenta que la todavía delegada de Medio Ambiente, Silvia López, aseguró en la Junta Rector del parque natural cuando se hizo pública otra resolución del Defensor del Pueblo también muy crítica con la actuación de la CMA en este parque natural, que las Resoluciones del Defensor del Pueblo “eran unas meras opiniones de ese señor”, lo que lo dice todo de su desprecio a las instituciones democráticas y a los ciudadanos que representan.
Ecologistas en Acción exige la depuración de responsabilidades entre los máximos responsables de la delegación provincial de la CMA (hoy CAPMA) y de la dirección del parque natural por la negligencia demostrada, la actitud permisiva y cómplice ante uno de los mayores desastres que ha sufrido este parque natural, y por el desprecio al Defensor del Pueblo».