El alcalde de Espera y diputado provincial de Izquierda Unida, Pedro Romero, ha reclamado «un papel más activo de la Diputación provincial ante la grave situación económica que atraviesan los ayuntamientos de la provincia y de manera especial, los de poblaciones de menos de 20.000 habitantes, como competencia directa del ente provincial que es». Con este objetivo, Romero ha registrado una moción que será defendida en el próximo pleno por la que solicita la puesta en marcha de «un Plan de Emergencia para socorrer a los municipios que padecen una gravísima situación de liquidez económica». El diputado de Izquierda Unida señala que «la situación en que se encuentran las arcas de numerosos ayuntamientos se ha visto aún más ensombrecida por el riesgo real que padecen de perder su porcentaje legal de los ingresos del Estado, que supone más del 20% del presupuesto anual». Asimismo, denuncia el también regidor de Espera que las deudas y la falta de ingresos están generando «un grave colapso en muchos ayuntamientos que ya no pueden pagar a sus empleados públicos y a los suministradores de los servicios más elementales».
Izquierda Unida considera «especialmente dramática» la crisis industrial que afecta fundamentalmente a la Bahía y el Campo de Gibraltar, así como a los pequeños municipios rurales de la Sierra, que son los que cuentan con menos recursos económicos y tienen como añadido, una gran dependencia a los procesos migratorios temporales; «en muchas de estas poblaciones, los trabajadores del campo se ven obligados a emigrar a otras provincias y a otros países, debido a la situación de la agricultura que lleva muchos años en crisis y decadencia», apunta Romero.
Izquierda Unida entiende que la Diputación provincial tiene la obligación de «amparar y auxiliar la difícil situación que atraviesa la provincia» y dentro de esta necesaria labor, la formación política incluye igualmente el amparo a los trabajadores que se encuentren en una situación de desamparo. En este contexto, sitúa IU la necesidad de un Plan Especial de Empleo «dirigido a aquellos trabajadores que no reciben ninguna prestación o que estén en una precaria situación de protección social».
Recuerda el diputado que la provincia de Cádiz se ha situado en agosto en 167.125 desempleados, lo que supone un incremento de 936 desempleados respecto a julio. «Con este panorama, está claro que la temporalidad sigue siendo la tónica de nuestro mercado laboral y otra vez volvemos a la dinámica del aumento del paro cuando terminan los contratos del verano», y añade que «estas cifras son la evidencia del estancamiento del mercado del trabajo gaditano, que es incapaz de recuperar la creación de empleo, ni en cantidad ni en calidad en un mes de verano que se supone tendente a ello».